El documento titulado Ferias Libres y Venta Callejera: desafíos post “estallido social” concluye que entre el 20 y el 30 octubre de 2019 se han consolidado una mayor cantidad de organizaciones dedicadas especialmente a la venta callejera de cigarrillos ilegales.
Santiago de Chile, enero 2020. Diversos académicos liderados por la Dra. Lucía Dammert de la Universidad de Santiago de Chile, publicaron el estudio Ferias Libres y Venta Callejera: desafíos post “estallido social”, en el que dan cuenta del comportamiento en la venta de cigarrillos en ferias libres y el comercio callejero en la Región Metropolitana durante los meses de octubre y noviembre de 2019.
Los académicos, que hicieron un análisis de este delito durante las manifestaciones sociales, concluyen que la situación económica del país sumada a la crisis de legitimidad de la institución policial, generó una disminución en la capacidad fiscalizadora de este tipo de mercado. Incluso señalan que el comercio ambulante se ha justificado como un “mecanismo de sobrevivencia” para muchos en el país.
En Chile, las Ferias Libres no cuentan con una ley o normativa general que regule su existencia y funcionamiento -pese a que existe un proyecto ingresado al parlamento en 2003, que recién en 2018 retomó su trámite- sus actividades comerciales son asimiladas al régimen general que regula a todos los micros y pequeños comerciantes del país, es decir, las Ordenanzas Municipales.
Según cifras citadas en el documento, un 19% de la venta de los cigarrillos ilegales en el país se realiza en ferias libres donde se “reconoce una cierta naturalización del negocio, así como una posible fidelización de aquellos clientes que utilizan las ferias libres como principal lugar de compra”. Esto, principalmente porque “las rondas de carabineros fueron prácticamente nulas en el proceso de movilización social”.
La escaza fiscalización ha llevo a que los vendedores ambulantes cambien su modus operandi de ocultamiento de la mercancía, siendo ya un producto ofrecido sin mayor preocupación por la fiscalización.
Sumado a esto, la pérdida de miles de puestos de trabajo producto de distintas situaciones relacionadas a la crisis ha incrementado el número de personas vendiendo en la calle para generar recursos. Por lo que también hay una mayor oferta de los productos comercializados.
El estudio revela que el comercio informal ha ido en alza en “prácticamente todas las ciudades del país” y que el fenómeno ha sido analizado con poca prioridad por parte de las autoridades.
Ante esto, Lucía Dammert, socióloga y experta en seguridad, dice que “el aumento de esta práctica tiene un impacto sobre la sensación ciudadana de falta de control y protección. Sin embargo, la demanda de estos productos parece haber crecido también. Además de ser un indicador de un ingreso de productos destinados a este tipo de venta”.
Finalmente, advierten que el año 2020 deberá ser asumido como un periodo de transición para la consolidación de una nueva narrativa en las estrategias para regular el comercio ilegal que permita mostrar con sólida evidencia la complejidad de este tipo de actividades y sus posibles articulaciones con otros delitos considerados graves.
No obstante, afirman, “se hace necesario que la institucionalidad reconozca que no todo el comercio informal está asociado a hechos delictivos considerando también los atributos positivos de aquellas prácticas de comercio en la vía pública que cuentan de mayor formalidad y que, como las ferias libres, se encuentran fuertemente arraigadas a la economía popular”.
